Presuntos delincuentes "protegidos" por el gobierno priísta del Estado de México

Valle de Chalco Solidaridad, Méx.- Francisco Juárez García, director de Convenio de Desarrollo Social del ayuntamiento 2009/2012, presidido por el alcalde priísta Luís Enrique Martínez Ventura, con impunidad continúa negociando terrenos en la zona de reserva ecológica denominada “Las Tablas”, el presunto fraccionador clandestino, quien fuera regidor en anterior administración, goza de entera libertad a pesar de la gran cantidad de denuncias que incautos compradores de terrenos han puesto ante el Agente del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).Entre los cientos de denunciantes destacan los hermanos Mariana y Carlos Carmona García, personas que a pesar de ser invidentes, con sacrificio mediante pagos adquirieron cada uno un lote en el predio las Tablas, que les fue vendido por “el servidor público” Francisco Juárez García en la cantidad de 180 mil pesos la unidad, solo que en cuanto se atrasaron en los pagos “el fraccionador” sin miramientos abusando de su poder, de inmediato ordeno fueran lanzados de sus humildes casas.Aseguran los estafados, que de inmediato acudieron al “Centro de Justicia” local dependiente de la PGJEM, donde se negaron a levantar el acta respectiva, de igual forma el vendedor a actuado contra diversas personas, como el sujeto se siente intocable ejecuta de manera impune la estafa, Juárez García, al parecer apoyado por Miguel Ángel Luna Munguía, diputado federal de extracción priísta por el XXXII distrito, y con la también consideración del edil Luís Enrique Martínez Ventura.Existe la posibilidad que en la venta terrenal a todas luces ilícita en las Tablas, extensa zona que se presume es de reserva ecológica federal, se encuentren coludidos funcionarios de la federación, porque de otra manera no entendemos como se tolera que la zona llenada con toda clase de materiales de desecho incluyendo los llamados peligrosos, provenientes de hospitales y laboratorios, “tiro” que hacen camiones sin otro control que no sea el cobro por depositar en el lugar los desperdicios, se rumora toda esta actividad es controlada por gente de confianza del edil Martines Ventura y el legislador Luna Munguía.
Publicado por Honorio Ramírez Espinoza

CNDH investigará agresión a periodistas en Saltillo y en el Estado de México ¿Cuándo?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investigará las agresiones que sufrieron periodistas en Saltillo, Coahuila, al término de la ceremonia donde la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rindió homenaje al gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, ojalá Raúl Plascencia investigue la denuncia AME/MR/285/08 en contra del ex alcalde Mario Moreno Conrado. A dos años, la Mesa de Responsabilidades de Amecameca en el Estado de México, no ha consignado el expediente.

Por otro lado a siete meses de haber enviado queja en contra del IMSS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige Raúl Plascencia, no ha dado respuesta a la queja CNDH/1/2009/3388/Q, sólo se ha concretado a enviar dos oficios 36231 y 37102 informando que el caso se daba por concluido.

A través de un comunicado, el organismo dijo que "ante la falta de resultados en la prevención e investigación de agravios contra periodistas", la CNDH dará "puntual seguimiento" a las indagatorias ministeriales. La institución encabezada por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, dijo que los hechos de violencia contra periodistas en el estado norteño ocurrieron en la Escuela Normal Básica, "momentos antes de una conferencia de prensa a la que se les impedía el acceso para desempeñar sus labores informativas".

Dijo que el organismo "alza la voz con la exigencia de que se esclarezcan estos casos y se haga justicia". Agregó que "el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe garantizarse en un entorno de libertad, seguridad y armonía".

Mientras tanto Felipe Calderòn Hinojosa afirmó que se castigará con todo el peso de la ley a los servidores públicos que violen los derechos humanos y se dijo convencido de erradicar cualquier violación a garantías por cualquier representante de cualquier nivel de gobierno en el país.