Integrantes de la Unidad Popular (UP), han recibido
amenazas tras exigir justicia sobre al reciente caso del secuestro y asesinato
de tres de sus colegas. Amnistía
Internacional teme que sus vidas estén en riesgo.
UP es una organización recientemente formada en Iguala, Estado
de Guerrero, que hace campaña y canaliza apoyos en favor de proyectos sociales
y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al
movimiento de maestros en el Estado de Guerrero.
El 3 de junio se encontraron junto a una carretera
cercana los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix
Rafael Bandera Román, integrantes de esta organización, ellos tenían los ojos
vendados y señales aparentes de tortura. La Procuraduría General del estado de
Guerrero ha iniciado una investigación, pero las sospechas sobre la implicación
de las autoridades locales en los secuestros y asesinatos han hecho que los
activistas de UP pidan que la investigación la lleve a cabo la Procuraduría
General de la República (PGR).
El 2 y 4 de junio, miembros de UP denunciaron hacer sido
vigilados y seguidos, en dos ocasiones diferentes, por hombres en vehículos. El
8 de junio, un líder de UP, Justino Osores Narciso, recibió una nota anónima en
la que advertían a la organización de que cesara en sus actividades. El 17 de
junio, la esposa de Arturo Hernández Cardona y activista de UP, Sofía Lorena
Mendoza, denunció que unos autos sospechosos la habían seguido cuando se
dirigía a una reunión con autoridades gubernamentales. El 19 de junio, Bertoldo
Martínez Cruz, activista político local vinculado a UP que había estado en
contacto con los supervivientes, recibió en su casa una llamada telefónica
amenazadora.
Amnistía Internacional hace un llamado urgente las autoridades
para que estas garanticen la seguridad de quienes integran la UP - Justino
Osores Narciso, Sofía Lorena Mendoza y Bertoldo Martínez Cruz - y de sus
familias.
Así mismo, la
organización solicita que se lleve a cabo una investigación inmediata, completa
e imparcial con relación a las amenazas contra
activistas y simpatizantes de UP, y que los responsables de esos hechos
comparezcan ante la justicia.
Amnistía Internacional
reitera también su llamado a que se investigue efectivamente el secuestro y asesinato de Arturo
Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera
Román y Ángel Román Ramírez, que garanticen la seguridad de los supervivientes
Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás
Mendoza Villa, que hagan públicos los resultados de la investigación y que
hagan rendir cuentas a los responsables de estos actos.
Información adicional
La Unidad Popular (UP) es una organización recientemente formada en Iguala,
estado de Guerrero, que hace campaña y capta apoyos en favor de proyectos
sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha
respaldado al movimiento de docentes en el estado de Guerrero.
Arturo Hernández Cardona lleva 15 años haciendo campaña
en favor de los pueblos indígenas locales del estado de Guerrero. Entre otras cosas,
ha pedido que se haga justicia en el caso de la masacre de El Charco,
perpetrada en 1998. Además,
él y otros miembros de UP presentaron el 29 de mayo una denuncia formal contra
el alcalde y otras autoridades municipales por corrupción y acoso contra los
miembros de UP.
En los últimos años México
se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el
periodismo y defender los derechos humanos. Solo en 2012 al menos seis
periodistas fueron asesinados y muchos otros hostigados o amenazados. Amnistía Internacional
considera que la situación de peligro persistirá mientras las personas
responsables de estos ataques, incluyendo los casos en los que haya
funcionarios públicos implicados, no rindan cuentas ante la justicia y se
mantenga así la casi absoluta impunidad.
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