Antes
de presentar el informe sobre de la situación de violencia contra la
mujer en el Estado de México al Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SPASEVEM), las
autoridades estatales deben presentarlo a la sociedad civil para mostrar
su transparencia y la debida diligencia en la investigación.
Amnistía Internacional apoya
los esfuerzos de las familias de mujeres y niñas víctimas de asesinatos
y desapariciones en el Estado que han solicitado una reunión con el
gobernador para obtener información sobre los resultados de la
investigación que se presentara al SPAVSEM como parte del proceso de
cumplir con un amparo.
Las organizaciones de
derechos humanos y derechos de la mujer ganaron el amparo después de que
las autoridades del estado de México y el SPAVSEM se negaron activar la
alerta de género en el estado en 2011 sin sustentar su motivo. En los
próximos días el Estado de México debe informar sobre la investigación
que ha realizado acerca de la situación de violencia de género que
prevalece en estado y las medidas tomadas para combatirlo como parte de
las acciones ordenadas por el tribunal.
Es fundamental que las
autoridades demuestren que la investigación ha sido llevada a cabo por
expertos en la materia con calidad, profundidad e imparcialidad. Por
esta razón las autoridades deben exponer la investigación al escrutinio
de las organizaciones que han seguido la situación de violencia contra
la mujer en el estado durante años.
La organización considera
este paso es esencial para mostrar que tanto las autoridades del Estado
como los representantes del SPAVSEM, que se han mostrado resistente a
activar la alerta de género en diferentes estado a pesar de los reclamos
legítimos de familias y organizaciones de la sociedad civil.
Si la Alerta de género, como
elemento central de la legislación para combatir la violencia contra
las mujeres, va a ser efectivo y un recurso sustantivo en situaciones de
gravedad en diferentes regiones del país, las autoridades deben
demonstrar la debida diligencia en su actuación. De no ser así, será
otra indicación de la falta de prioridad política para combatir la
violencia generalizada contra las mujeres y será una garantía de
impunidad a quienes la perpetran.
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