La tortura y los malos tratos en México están fuera de control,
como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en
un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe
publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno
mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente
y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas
armadas.
El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza
el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el
clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo
siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales
federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de
ámbito estatal es aún menor.
"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El
hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la
tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las
denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén
predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de
que el gobierno no protege los derechos humanos", afirmó Erika Guevara
Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional.
"El alarmante aumento del
uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos
para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía
Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos
encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser
puestos bajo custodia."
Este es el primero de una serie de cinco informes de países
diferentes que se publicarán en el marco de "Stop Tortura", la campaña
global de Amnistía Internacional.
En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta
finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió
más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes
recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue
siendo mucho más elevado que hace diez años.
Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a
Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de
muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de
la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener
"confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos
graves.
Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la
policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de
migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente
de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de
plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos
humillantes y a insultos racistas. Permanece en prisión en espera de
juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a
hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de
conciencia en julio de 2014.
El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más
de 20 personas que, como Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las
autoridades en México.
A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal
sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención
arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a
la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en
juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la
credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las
personas acusadas en procesos penales.
Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de
la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a
menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo
de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se
basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar
otras pruebas de investigaciones independientes.
"La ausencia de
investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura
supone un abuso por partida doble. Si las autoridades no recaban
pruebas de los malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de
resarcimiento y no pueden demostrar que sus "confesiones" han sido
obtenidas mediante coacción," afirmó Erika Guevara.
"Es hora de revisar a fondo
la investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos, en
especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas del
Protocolo de Estambul. Asimismo, las autoridades mexicanas deben
garantizar que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes
son admitidas en los procedimientos judiciales."
El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para
prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En
primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la
tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave
violación de los derechos humanos como máxima prioridad.
Información complementaria:
Desde 2010 hasta finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000
quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la
Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento
especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de tortura en 26.
Desde 2006 a 2013, la Procuraduría General de la República inició
1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos,
pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la
Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en
aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias
condenatorias es del 0,006 por ciento. En el ámbito estatal, la
prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y
oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de
las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013,
sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44
casos.
El
Protocolo de Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU
para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se elaboró en 1999.
En febrero de 2014, el
secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió
con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum
exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y
las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
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