"Es necesario garantizar de inmediato una investigación imparcial, independiente y efectiva de los hechos", sostiene la organización internacional.
Redacción AN
Tras la difusión de un video en el que se observa cómo dos militares y una policía federal torturan a una mujer, la organización Amnistía Internacionallamentó que esta práctica siga siendo una constante.
El jueves, tras conocerse las imágenes de un hecho ocurrido hace más de un año, la Sedena informó que sus elementos ya fueron procesados, mientras que la Policía Federal apenas inició una investigación.
Se reproduce íntegra la postura de AI:
Redes sociales exponen nuevamente las técnicas de investigación en México: la tortura sigue siendo una constante
La reciente difusión en redes sociales de un video que muestra a integrantes de las fuerzas armadas y policía federal causando semi-asfixia y amenazando a una mujer con utilizar otras técnicas de tortura”, pone nuevamente al descubierto las técnicas de investigación de las fuerzas de seguridad en el país, señaló Amnistía Internacional.
Los hechos que habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, han sido reconocidos hoy por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de un comunicado oficial, donde revela que tuvo conocimiento de los hechos que se muestran en video el 10 de diciembre 2015, “dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”.
La SEDENA informó que en enero de este año, se dictó auto de formal prisión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia, quienes se encuentran en prisión militar.
La actuación de las fuerzas de seguridad en el video muestra como la tortura se usa para obtener “confesiones” y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito.
Es necesario garantizar de inmediato una investigación imparcial, independiente y efectiva de los hechos. “Esto debe incluir el enjuiciamiento por las autoridades judiciales civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas que estén implicados en violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando, garantizando la cooperación plena y abierta de las autoridades militares”, señaló Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional lamentó que la reforma del fuero militar parece no haber tenido consecuencias en la forma de proceder de la SEDENA ante la posible participación de miembros las fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos, ya que al momento de tener conocimiento de los hechos debió inmediatamente trasladar el caso a la Procuraduría General de la Republica.
“Es urgente poner fin al papel de las Fuerzas Armadas en el desempeño de funciones policiales —que incluye detenciones, investigaciones e interrogatorios— para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas”, afirmó Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
La organización hizo un llamado a la Procuraduría General de la Republica para que informe sobre el estado de la investigación, y en caso de encontrar elementos de prueba sobre su posible responsabilidad, se lleve a las personas ante tribunales.
En estos momentos, el Senado mexicano está debatiendo un proyecto de Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos, la cual podría ser un primer paso para revertir la situación de impunidad. No obstante, para ser efectivo, el proyecto de ley debe ser reforzado, particularmente para garantizar que cualquier superior jerárquico u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que sus subordinados estaban cometiendo o iban a cometer tales delitos y que no hizo nada para impedir o reprimir ese delito ni para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
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