Petróleos Mexicanos encontró indicios de que gasolina y diésel que
donaba a gobiernos estatales y a dependencias federales como la SEDENA
se comercializaba ilegalmente. Esta modalidad de huachicoleo era
realizado desde gasolineras y podría representar pérdidas anuales por
mil millones de pesos, según un reporte confidencial al que tuvieron
acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Grupo
Milenio en una investigación conjunta. El caso involucra a Hidrosina, el
mayor grupo gasolinero del país, y a otras cuatro gasolineras.
Por Raúl Olmos y Thelma Gómez /MCCI y Bárbara Anderson/Milenio Hidrosina, el mayor grupo gasolinero del país, fue señalado por serias irregularidades sobre el destino de combustible donado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) a dependencias gubernamentales.
Una investigación realizada en 2015 en la
entonces Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX identificó, al
menos, nueve gasolineras en las que se detectó la comercialización de
combustible que originalmente había sido donado a la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y al Gobierno del Estado de México, entre
otras dependencias.
Cinco de las estaciones de servicio
señaladas en la investigación de PEMEX pertenecen al Grupo Hidrosina
Plus, conformado por 24 empresas, en las que participan como accionistas
los hermanos William, Gabriel y Paul Karam Kaasab, quienes se han
asociado en este negocio con empresarios de todo el país vinculados con
personajes de la política de distintos partidos.
Las otras cuatro gasolineras señaladas,
identificadas en el reporte confidencial como Grupo Tecpex,
pertenecieron a Hidrosina antes de ser investigadas por PEMEX en 2015 y
hoy de nueva cuenta forman parte de ese consorcio.
Al menos desde 2007, PEMEX otorga cada
año donaciones de asfalto y combustible —gasolina y diésel— a gobiernos
estatales y municipales. También dona, aunque en menor parte, gasolina a
organizaciones de la sociedad civil.
La prioridad de estas donaciones son los
estados con presencia de la industria petrolera, y se otorgan a través
de convenios de “licencias sociales”, que es un nombre que se le dio
para atender posibles conflictos sociales, mediante la dotación de
combustible, surgidos de la actividad extractiva.
El Estado de México, sin ser un estado
petrolero, fue privilegiado con donativos en el sexenio pasado, con
Emilio Lozoya al frente de PEMEX. Cuando en febrero de 2016 José Antonio
González Anaya asumió la dirección de PEMEX, se formó un comité para
que esos donativos tuvieran reglas más claras.
El reporte de la investigación realizada
al interior de PEMEX recomendaba revisar los convenios de donación y
verificar que estén llegando a los destinos correctos, “ya que si no hay
supervisión en la asignación y seguimiento a la dotación de los
donativos se puede tener un quebranto de más de mil 125 millones de
pesos”. Esa cifra tan sólo correspondía a 2015.
La autenticidad del documento, de nueve páginas, se validó con distintas fuentes del sector energético.
MCCI y Grupo Milenio constataron que las
estaciones de gasolina que se mencionan en el reporte siguen en
operación, aunque todas tuvieron que hacer cierres parciales durante la
reciente crisis de escasez de combustible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario