El documento aborda las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia en el país.
Además, recomienda al Estado que fortalezca sus esfuerzos “por proteger y garantizar los derechos humanos”.
La CIDH establece que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”.
“Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales”, expone.
“Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, abunda.
En tanto, la CIDH “constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación“.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, apuntó la CIDH, no hubo “cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”.
Hoy por hoy, señaló, “son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.
Apuntó que en México “sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada” y “las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”.
“México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se
denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades”, indicó.
En cuanto al caso de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH consideró que “constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero”.
“Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, sentencia.
Por otra parte, la Comisión manifiesta que “coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.
La CIDH refiere que “ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana”.
En este contexto, la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano; aquí el informe que las incluye:
M'as Aristegui Noticias
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