México, 30 jul (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH) acusó hoy al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de "negligencia criminal" por el incendio en una guardería que acabó con la vida de 49 niños.
El presidente de esa comisión, José Luis Soberanes, achacó la principal responsabilidad al IMSS por ser el encargado de controlar la subrogación de las estancias infantiles a particulares.
Según Soberanes, los dueños de la guardería ignoraron numerosas deficiencias en el local que impidieron una evacuación y rescate adecuado de los niños, lo que derivó en el alto número de muertes.
La comisión indicó que los funcionarios del IMSS vulneraron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, y a la legalidad y seguridad jurídica, además de desempeñar indebidamente la función pública para la que se les eligió.
La CNDH, que emitirá una recomendación oficial en los próximos días sobre el caso, repartió también responsabilidades al Gobierno del norteño estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, donde sucedió la tragedia.
Corresponderá a la fiscalía federal y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el dirimir la responsabilidad penal y administrativa de cada agente involucrado.
El pasado 5 de junio un incendio generado en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora se extendió a la guardería ABC, donde murieron 44 menores y otros 47 resultaron lesionados, aunque la cifra de muertos ha aumentado a 49 debido a posteriores fallecimientos en hospitales.
Soberanes se reunió hoy también con los padres de las víctimas.
El caso despertó gran polémica en México y puso al descubierto las irregularidades en el sistema de subrogación de guarderías públicas, en muchos casos concedidas sin concurso de por medio y en ocasiones a familiares de políticos y funcionarios.
Los padres de los niños fallecidos han expresado repetidamente su indignación por la falta de responsabilidades exigidas a los involucrados, a casi dos meses del suceso. La Suprema Corte también rechazó retrasar sus vacaciones para debatir si atraía el caso, lo que los indignó aún más.
Los gobiernos federal y de Sonora han intercambiado reproches sobre el manejo de este caso, que llevó al
El presidente de esa comisión, José Luis Soberanes, achacó la principal responsabilidad al IMSS por ser el encargado de controlar la subrogación de las estancias infantiles a particulares.
Según Soberanes, los dueños de la guardería ignoraron numerosas deficiencias en el local que impidieron una evacuación y rescate adecuado de los niños, lo que derivó en el alto número de muertes.
La comisión indicó que los funcionarios del IMSS vulneraron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, y a la legalidad y seguridad jurídica, además de desempeñar indebidamente la función pública para la que se les eligió.
La CNDH, que emitirá una recomendación oficial en los próximos días sobre el caso, repartió también responsabilidades al Gobierno del norteño estado de Sonora y del municipio de Hermosillo, donde sucedió la tragedia.
Corresponderá a la fiscalía federal y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el dirimir la responsabilidad penal y administrativa de cada agente involucrado.
El pasado 5 de junio un incendio generado en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora se extendió a la guardería ABC, donde murieron 44 menores y otros 47 resultaron lesionados, aunque la cifra de muertos ha aumentado a 49 debido a posteriores fallecimientos en hospitales.
Soberanes se reunió hoy también con los padres de las víctimas.
El caso despertó gran polémica en México y puso al descubierto las irregularidades en el sistema de subrogación de guarderías públicas, en muchos casos concedidas sin concurso de por medio y en ocasiones a familiares de políticos y funcionarios.
Los padres de los niños fallecidos han expresado repetidamente su indignación por la falta de responsabilidades exigidas a los involucrados, a casi dos meses del suceso. La Suprema Corte también rechazó retrasar sus vacaciones para debatir si atraía el caso, lo que los indignó aún más.
Los gobiernos federal y de Sonora han intercambiado reproches sobre el manejo de este caso, que llevó al
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