Entre 2012 y 2018, la Subdirección de Salvaguardia
Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) invirtió 5 mil
millones de pesos en armas, uniformes, vehículos y tecnología de punta
para combatir el robo de combustible, lo que redundó en una “contención”
del problema, según un informe que dejó la administración de Enrique
Peña Nieto para cerrar su sexenio.
La dependencia encabezada por Eduardo León Trauwitz, militar que fue escolta de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, creó un centro de monitoreo de ductos, instalaciones petroleras y vehículos de seguridad en una reserva que mantiene la empresa en la Exrefinería 18 de Marzo, que se ubica en la Ciudad de México.
En el centro de monitoreo, nombrado C5i, los
elementos de seguridad Pemex tuvieron acceso en tiempo real a dos
sistemas de información de Pemex Logística que operan con los programas LeakLab e Hidrotecate.
Con esta tecnología se puede monitorear, detectar y localizar
fugas por “pérdida de contención del ducto en sus variables de
presión y flujo mediante sensores (acústico-presión) por onda
negativa”.
El documento “Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de
Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas
Subsidiarias” forma parte del Libro Blanco que dejó Carlos Alberto
Treviño, último director de Pemex en la pasada administración, como
parte de los procesos de entrega-recepción a los funcionarios nombrados
por López Obrador.
Este informe particular está firmado por Wenceslao Cárdenas Acuña,
como titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, toda vez
que Eduardo León Trauwitz se reintegró al Ejército el 1 de agosto de
2018.
El documento resume las acciones realizadas para combatir el
Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos entre
2012 y 2018, el cual es visto como un problema de seguridad nacional y una “afrenta” al Estado mexicano que se refleja en pérdidas económicas, aunque no señala cifras.
El documento indica que durante el sexenio se trabajó de manera
coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Policía Federal y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Como conclusión, los funcionarios de Peña Nieto afirman que se logró reducir el promedio anual combustible robado respecto de la cantidad de tomas clandestinas:
“se puede apreciar que para 2018 se identifica una contención en la
velocidad de crecimiento de las desviaciones y que las tomas
clandestinas no tienen correlación con los volúmenes faltantes toda vez
que no son directamente proporcionales”.
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