Por Carlos Díaz Nuño
No cesan las hostilidades contra la agrupación de “la Loba”, en Chimalhuacán
Chimalhuacán, Méx. El Lic. Enrique Suárez Caballero, abogado de la dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias (OPC), Guadalupe Buendía Torres (a) “la loba”, actualmente en prisión desde hace 11 años, acusó a la Administración Municipal de extracción antorchista que preside Jesús Tolentino Román Bojórquez, de bloqueo, represalias y hostigamiento hacia los integrantes de esa agrupación política, hasta amenazas de muerte hacia su persona por pretender que reciban el mismo trato que toda la ciudadanía.
“Mi demanda es directamente contra el ayuntamiento de Chimalhuacán, tanto contra el Presidente municipal como contra los regidores, ya que ha habido muchas actitudes y situaciones en contra de la OPC, que represento como asesor jurídico y, por ende, a la Señora Guadalupe Buendía Torres, como es el que se nos hayan cerrado las puertas constantemente por pertenecer a esa agrupación”.
Y agregó: “Estamos inconformes con esto y lo quiero hacer públicamente, porque he recibido amenazas directamente de parte de esos señores que me van a desaparecer del municipio, por lo tanto, quiero hacerlo público para que el señor gobernador y el procurador sepan que estamos amenazados de muerte”.
Dijo aprovechar el apoyo del dirigente y ex diputado de la Unión de Pueblos y Colonias (UPC), Gabriel Alcántara Pérez, para dar a conocer esto públicamente, ya que las amenazas son y han sido por dar a conocer la serie de desfalcos al erario dentro del municipio, “tanto como ciudadanos como por pertenecer a la organización de la loba es que somos el enemigo público número uno de esta Administración antorchista”.
Suárez Caballero recordó que Guadalupe Buendía tiene ya a 11 años de estar recluida en un penal, “y a nosotros no nos permiten hacer ningún trámite en ninguna forma por el simple hecho de pertenecer a su agrupación, incluso ha corrido gente de la agrupación que eran trabajadores del Sindicato precisamente por estar dentro de la OPC, por lo que creemos que el presidente municipal está mal, porque ha permitido esos despidos por cuestiones injustificables”.
Señaló que han pedido la liberación y que se ventile abiertamente el caso de Doña Guadalupe Buendía, pero nadie nos hace caso, no nos han resuelto nada, en este caso en el pleito que hubo de dos organizaciones, a una agrupación se le premió (antorcha campesina) y a otra se le castigó (OPC).
“Se le comunicó al precandidato a la Presidencia de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, así como con el gobernador Eruviel Ávila Villegas que la ley fue parcial pero no ha habido ninguna respuesta, son ya once años que tenemos inactiva a nuestra líder, por lo que pedimos que el presidente de la República tome cartas en el asunto ya que es una cuestión meramente política, o que se haga justicia beneficiando o castigando pero a ambas organizaciones, no que a una la premian y a otra la castigan”, acotó.
Finalmente destacó que Tolentino Román ya ha sido dos veces alcalde de Chimalhuacán y ha sido diputado y se le sigue premiando, por lo tanto queremos decirle también a nuestro Presidente y a nuestro gobernador que tomen cartas en el asunto.
“Mi demanda es directamente contra el ayuntamiento de Chimalhuacán, tanto contra el Presidente municipal como contra los regidores, ya que ha habido muchas actitudes y situaciones en contra de la OPC, que represento como asesor jurídico y, por ende, a la Señora Guadalupe Buendía Torres, como es el que se nos hayan cerrado las puertas constantemente por pertenecer a esa agrupación”.
Y agregó: “Estamos inconformes con esto y lo quiero hacer públicamente, porque he recibido amenazas directamente de parte de esos señores que me van a desaparecer del municipio, por lo tanto, quiero hacerlo público para que el señor gobernador y el procurador sepan que estamos amenazados de muerte”.
Dijo aprovechar el apoyo del dirigente y ex diputado de la Unión de Pueblos y Colonias (UPC), Gabriel Alcántara Pérez, para dar a conocer esto públicamente, ya que las amenazas son y han sido por dar a conocer la serie de desfalcos al erario dentro del municipio, “tanto como ciudadanos como por pertenecer a la organización de la loba es que somos el enemigo público número uno de esta Administración antorchista”.
Suárez Caballero recordó que Guadalupe Buendía tiene ya a 11 años de estar recluida en un penal, “y a nosotros no nos permiten hacer ningún trámite en ninguna forma por el simple hecho de pertenecer a su agrupación, incluso ha corrido gente de la agrupación que eran trabajadores del Sindicato precisamente por estar dentro de la OPC, por lo que creemos que el presidente municipal está mal, porque ha permitido esos despidos por cuestiones injustificables”.
Señaló que han pedido la liberación y que se ventile abiertamente el caso de Doña Guadalupe Buendía, pero nadie nos hace caso, no nos han resuelto nada, en este caso en el pleito que hubo de dos organizaciones, a una agrupación se le premió (antorcha campesina) y a otra se le castigó (OPC).
“Se le comunicó al precandidato a la Presidencia de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, así como con el gobernador Eruviel Ávila Villegas que la ley fue parcial pero no ha habido ninguna respuesta, son ya once años que tenemos inactiva a nuestra líder, por lo que pedimos que el presidente de la República tome cartas en el asunto ya que es una cuestión meramente política, o que se haga justicia beneficiando o castigando pero a ambas organizaciones, no que a una la premian y a otra la castigan”, acotó.
Finalmente destacó que Tolentino Román ya ha sido dos veces alcalde de Chimalhuacán y ha sido diputado y se le sigue premiando, por lo tanto queremos decirle también a nuestro Presidente y a nuestro gobernador que tomen cartas en el asunto.
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