por Mario Luis Fuentes / CEIDASLasustentabilidad ambiental no es un proceso que se consiga mecánicamente, nos advierte el filósofo Leonardo Boff, y sentencia lapidariamente respecto de la necesidad de una nueva educación para el cuidado y respeto de la tierra: “no tenemos otra alternativa: o cambiamos o conoceremos la oscuridad”.
En esta edición de México Social presentamos uno de los temas más acuciantes de nuestros tiempos: la sequía como una de las manifestaciones más duras del cambio climático y de sus devastadores efectos, en un país que no hizo ni está haciendo lo suficiente para reducir su vulnerabilidad ante uno de los problemas planetarios –si no es que el más− de mayor relevancia para la especie humana.
En este mes de junio se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en la cual se abordarán temas relativos al seguimiento de las acciones mundiales para dar cumplimiento a la Carta de la Tierra, así como de los avances de la Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Se llega a esta Conferencia con varios fracasos a cuestas: no se ha logrado reducir la emisión de gases de efecto invernadero; no se ha avanzado significativamente en la generación de fuentes renovables y no contaminantes de energía; no se ha logrado detener la deforestación, degradación y desertización de la superficie planetaria ni se ha conseguido tampoco construir una nueva cultura ecológica de convivencia civilizatoria con nuestro entorno.
Desde esta perspectiva, los retos que enfrenta México derivados de la peor sequía que hemos enfrentado en 70 años son de un calibre mayúsculo. Han sido siniestradas millones de hectáreas; los cuerpos de agua del país están en sus niveles más bajos en décadas; y se han perdido cientos de miles de cabezas de ganado de todas las especies, lo cual ha empobrecido aún más a millones de personas en los ámbitos rurales e indígenas.
Arturo Warman nos advertía que de no modificar las políticas agrarias en el país enfrentaríamos no sólo el empobrecimiento del sector rural, sino que, sobre todo, estaríamos comprometiendo la capacidad para mantener la soberanía y la seguridad alimentaria en el país.
Esta observación cobra hoy más que nunca relevancia en función de la Reforma Constitucional, por la cual se establece como responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la alimentación a toda la población nacional.
Sin duda alguna, la devastadora sequía que enfrentamos debería ser también el punto de partida para la revisión de programas que han sido cuestionados desde hace ya varios años; por ejemplo, la estructura y reglas de operación del FONDEN; la estructura y capacidades de operación de la CONAGUA; y la distribución de subsidios a través de programas como PROCAMPO y ALIANZA, de los que hay señalamientos en torno a su carácter regresivo.
Por otra parte, valdría la pena abrir nuevamente la discusión en torno a las facultades constitucionales de los municipios, frente a las capacidades y recursos con que cuentan para cumplirlas y observarlas adecuadamente: uso de suelo, manejo de reservas territoriales y ecológicas, vivienda, transporte y manejo del agua; pues de ello dependerá en buena medida la viabilidad de nuestro país.
Finalmente, debe destacarse la reciente creación de la Ley General sobre Cambio Climático, la cual una vez más pondrá en tensión a una legislación de avanzada en materias clave para el desarrollo y las capacidades de las autoridades, en todos los órdenes y niveles, para aplicarlas y volver efectivos sus mandatos. A final de cuentas, como sostiene Julia Carabias, el reto está en comprender que los temas ambientales no son sólo un segmento del desarrollo, sino un modelo diferente que articule a las políticas económicas con las sociales y las ambientales.•
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