El escándalo de la deuda de Humberto Moreira en
Coahuila alcanzó también a ex funcionarios federales e involucra a la
organización priista Antorcha Campesina, cercana al Presidente Enrique Peña
Nieto.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La maniobra para ocultar 1
mil 100 millones de pesos defraudados al erario de Coahuila durante el Gobierno
de Humberto Moreira utilizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México,
gobernado por Antorcha Campesina, organización priista con la mayor cercanía al
Presidente Enrique Peña Nieto.
Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con
Banca Santander por los 1 mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a
cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del Partido Revolucinario
Institucional (PRI), se encuentran en el auto de plazo constitucional existente
dentro de la causa penal 16/2012-II abierto por el Juzgado Decimosexto de
Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López
Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) involucrados en el timo.
SinEmbargo posee copia completa de este documento.
Básicamente, con la finalidad de obtener el crédito, diversos
funcionarios del Gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el
monto de los activos de Coahuila.
Banco Santander y el Gobierno de Humberto Moreira Valdes formalizaron el
crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando,
como representante de Gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese
momento Secretario de Finanzas.
Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de
Coahuila para la adquisición de la deuda y, además, la Dirección de Deuda
Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los
recursos.
El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el
folio 415/2010.
Al respecto, se lee en la acusación penal:
“Sin embargo, el registro anterior carece de toda
validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número
corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de
Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca
MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.
Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención:
actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán
con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa
demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el
otro por 95 millones de pesos.
En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como Presidente
Municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de
Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.
Si bien es claro que Humberto Morerira fue ungido presidente nacional
del PRI al término de su Gobierno en Coahuila para acompañar la candidatura
presidencial Enrique Peña Nieto, ¿qué relación existe entre el político
mexiquense y Antorcha Campesina?
El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio
Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y
desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la
Presidencia de México.
De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto
anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el entonces Instituto
Federal Electoral (IFE). El órgano resolvió la improcedencia de los
señalamientos.
Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional
Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can
Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.
El Gobernador asintió con la cabeza y habló:
“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional.
Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado
para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su
capacidad de convocatoria”.
La gente coreó:
“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.
Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.
“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su
Gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”, dijo.
La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del
Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y
pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación,
justicia y desigualdad social”.
Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso
meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.
Aquiles Córdova devolvió el halago a
Peña Nieto:
“México necesita políticos comprometidos con las
mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”, expresó.
Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún Gobernador de Oaxaca, y
la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron
entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.
MUY CERCANOS
Jesús Tolentino Román, ex Alcalde de Chimualhuacán y líder en el Edomex
de la organización priista. Foto: Cuartoscuro
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la
cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en
la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México del Rancho
El Pimiango, en el municipio de Texcoco, vecino de Chimalhuacán.
El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto
la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la
Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos
días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición
de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados
en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.
El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de
los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en
el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.
La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría
provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de
derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del
pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.
La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos
federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos
meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.
La ASF emitió la siguiente observación:
“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en
2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto
[el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.
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