Se reformará la ley para
considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción y la
asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, dio a conocer los “Lineamientos Generales para el Combate a la Corrupción y la Aplicación de una Política de Austeridad Republicana”, varios de los cuales mencionó de forma reiterada durante la campaña electoral.
Se trata de 50 puntos que agrupan sus promesas de campaña y también
precisan los compromisos que hará su gobierno, relativos por ejemplo a
las fiscalías general, electoral y de combate a la corrupción.
En este tema señaló que habrá “absoluta autonomía”, que no recibibirán
“consigna” desde la Presidencia, tendrán imparcialidad y evitarán la
impunidad, “trátese de quien se trate”.
Otro de los datos a destacar es la reducción del sueldo del futuro presidente que se colocará ahora en 108 mil pesos mensuales, a diferencia de los 270 mil que recibe actualmente Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, AMLO explicó que esa cantidad representa 40% de la percepción mensual de Peña y que de ese modo cumplirá su promesa de campaña de ganar menos de la mitad de lo que tiene el actual mandatario
También funcionarios de alto nivel con percepciones superiores a un millón de pesos anuales, reducirán su sueldo, pero ahí será gradual la medida.
López Obrador se comprometió a revisar los contratos con empresas nacionales o extranjeras y verificar si fueron otorgados mediante “influyentismo o corrupción”.
Advirtió que, de afectar el interés nacional, se recurrirá al Congreso
de la Unión así como a tribunales nacionales e internacionales y ofreció
que no habrá actuaciones arbitrarias, ni se llevarán a cabo
confiscación o expropiaciones de bienes.
A continuación, los 50 puntos dados a conocer por López Obrador en su conferencia de prensa dominical:
1. Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para que el
Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos
electorales y relacionados con actos de corrupción.
2. Quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos.
3. Se reformará la Ley para considerar delitos graves: el tráfico de
influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y
particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de
combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las
penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo
fianza.
4. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía,
no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus
prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al
margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
5. La Fiscalía Electoral garantizará que las elecciones sean limpias y
libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la
coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes
públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier
tipo de fraude electoral, tendrá imparcialidad y será un instrumento
básico de la sociedad para la construcción de una auténtica democracia.
6. La Fiscalía Anti-Corrupción será garante para evitar este mal que
tanto ha dañado a México, y no permitirá en ninguna circunstancia que
prevalezca la impunidad, el mandato que recibimos del pueblo en las
elecciones del 1 de julio de 2018 consistió básicamente en confiarnos la
apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad, la
Fiscalía AntiCorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a
cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de
quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y
familiares, un buen juez por la casa empieza.
7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes
patrimoniales y de sus familiares cercanos, esta información será
publicada y transparentada en todos los casos.
8. El Presidente de la República, ganará menos de la mitad de lo que
recibe el Presidente Enrique Peña Nieto sin ningún tipo de
compensaciones.
9. No habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios.
10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
11. No habrá más de cinco asesores por Secretaría en el Gobierno Federal.
12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete o equivalentes.
13. No habrá bonos ni otras canonjías y el salario será integral en
acatamiento al texto Constitucional que a la letra dice “Se considera
remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas,
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra con
excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades
oficiales”.
14. Los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable.
15. Se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.
16. No habrá caja de ahorro especial, es decir, dejará de existir la
partida conocida como “Seguro de Separación Individualizada”
17. No se viajará al extranjero sin autorización del Secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable.
18. Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier otro mecanismo
utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la
transparencia.
19. Con la excepción de los funcionarios directamente relacionados
con la aplicación de políticas de seguridad pública, ningún otro contará
con guardaespaldas.
20. Todos los programas y estructuras publicados: oficialías mayores,
oficinas de prensa, oficinas de publicaciones, defensorías jurídicas,
oficinas de compras, contralorías internas, delegaciones y otras, las
funciones o programas correspondientes se centralizarán en una sola
unidad o coordinación.
21. Se reducirá con esto un 70 por ciento del personal de confianza y en un 70 por ciento el gasto de operación respectivo.
22. Se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios
públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, tal recorte se
aplicará de manera progresiva y proporcional, el monto ahorrado deberá
ser equivalente al 50 por ciento del gasto actual.
23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá
la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno Federal, se
conservará únicamente los vehículos aéreos destinados a la seguridad de
protección civil y las ambulancias aéreas.
24. Serán canceladas las pensiones a los expresidentes de la República.
25. Quedará prohibida la utilización de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares.
26. Los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares.
27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
28. No se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas.
29. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
30. Se prohibirá a los funcionarios de hacienda, de comunicaciones,
de energía y de otras áreas, que convivan en fiestas, comidas, juegos
deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes
contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función
pública.
31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a
trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta
con autorización para ello.
32. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar
calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o estacionarse en
lugares prohibidos.
33. No se adquirirá ninguna mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos.
34. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
35. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios.
36. Las policías y los militares de las distintas corporaciones no
estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena
justificación.
37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la
Secretaría de la Defensa Nacional y se ocupará de tareas de protección y
vigilancia de espacios públicos, instalaciones estratégicas y en la
seguridad de los mexicanos.
38. La residencia oficial de los pinos pasará a formar parte del
bosque de Chapultepec y se convertirá en espacio para el arte y la
cultura.
39. Desaparecerán las partidas para vestuarios o cualquier gasto de
protocolo y ceremonial dedicado al presidente a sus colaboradores
cercanos y a familiares.
40. Se cancelará toda labor de espionaje y de intervención telefónica
que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El sistema de
inteligencia del gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención
de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la
seguridad nacional.
41. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
42. Se eliminarán gastos innecesarios de oficinas y se ahorrará
electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas
y otros insumos pagados por el erario.
43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas y en cualquier lugar dónde se nos identifique.
44. Las compras del gobierno se harán de forma consolidada, mediante
convocatoria con observación ciudadana y de la oficina de transparencia
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
45. Los contratos de obras públicas del gobierno se llevarán a cabo
mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de
observadores de la ONU.
46. No habrá partida en el presupuesto a disposición de diputados y
senadores, se acabará la vergonzosa práctica del soborno, los llamados
“moches”.
47. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos.
48. No se autorizará la contratación de despachos, ni de asesores o
consultores externos para elaborar proyectos de ley, planes de
desarrollo, informes de labores, cualquier tipo de análisis, redacción o
recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad de los
servidores públicos.
49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas
internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos
gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera
consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.
50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o
extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo o la
corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública, en caso de anomalías
que afecten al interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión y a
Tribunales Nacionales e Internacionales, siempre conducidos por la vía
legal, no actuaremos de manera arbitraría, ni habrá confiscación o
expropiación de bienes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario