Opinión de Héctor Estrada
Los calificativos utilizados esta semana por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud en México, Hugo López-Gatell, sobre las bebidas embotelladas y la cínica respuesta de las empresas refresqueras ha puesto nuevamente sobre la palestra pública un tema que sigue sin abordarse de manera frontal, con consecuencias alarmantes sobre la salud pública y el medio ambiente en entidades como Chiapas.
Aunque calificar a las bebidas procesadas como “venenos embotellados”
pareció un exceso respecto a las responsabilidades protocolarias de
Gatell como funcionario público, la verdad es que no dijo mentira
alguna. Para nadie es un secreto que las bebidas embotelladas, con alto
contenido de azúcares, conservadores y demás sustancias químicas, tienen
efectos nocivos para la salud a corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, sí son “venenos embotellados”, regulados para su consumo sin restricciones y generadores de grandes ganancias económicas, cuyo efecto degenerativo es lento e inobjetable. La mayoría de sus consumidores lo sabemos a la perfección. Consumirlo o no es una decisión estrictamente personal, asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias. Pero ello no exime a las empresas de sus respectivas responsabilidades legales en materia social y ambiental.
Aunque hoy las empresas refresqueras salgan indignadas a asegurar que los calificativos fueron “estigmatizantes” e “inequitativos”, lo cierto es que durante años han contribuido de manera directa al repunte de enfermedades degenerativas y la explotación excesiva de mantos acuíferos en zonas donde no hay agua potable, pero sí se saquean a manos llenas yacimientos acuíferos para luego vender las bebidas procesadas a poblaciones sumidas en adicciones y pobreza.
Hoy las refresqueras saltan indignadas por “calificativos incómodos”, pero han guardado silencio cómplice durante décadas junto a gobiernos que les han permitido enriquecerse, exonerándoles impuestos, a cambio de jugosos sobornos y a costa de las reservas naturales y la salud de miles de mexicanos. Y es que los datos en materia de salud pública y las consecuencias ambientales están a la vista de todas y todos.
De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, con base a estudios aplicados a pueblos indígenas de Chiapas donde el consumo de bebidas embotelladas es el doble que en el resto del país (325 mililitros diarios en promedio), durante las últimas dos décadas el índice de diabetes se ha disparado, convirtiéndose en la tercera causa de muerte, tan sólo por detrás del cáncer y los problemas cardiacos.
Cada año la diabetes mata a entre 80 mil y 100 mil personas en México. Y es que, si bien la ingesta de bebidas procesadas no es el único factor involucrado en el desarrollo o complicaciones de dichas enfermedades (renales, hepáticas o cardiacas), sí ha mostrado una estrecha relación entre los elevados niveles de consumo y el incremento en la incidencia de enfermos o complicaciones a la salud provocadas por ello.
Y a todo lo anterior hay que sumarle el no menos importante impacto ambiental. Actualmente la empresa Femsa Coca-Cola tiene bajo su control la explotación del 49.1 por ciento de los pozos de agua dulce bajo regulación de la Conagua. Tan sólo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa ha sido acusada de provocar un grave daño ambiental y perjuicios contra la población debido a la sobreexplotación de importantes yacimientos y la aplicación de técnicas altamente contaminantes como el “francking”.
Según estimaciones de especialistas, Coca Cola ha saqueado durante los últimos 25 años alrededor de 10 mil millones de litros de agua de San Cristóbal de las Casas, equivalente a llenar 10 veces el Estadio Azteca, mientras muchos de los poblados circunvecinos carecen del vital líquido para consumo humano. Y lo peor del caso es que hace apenas cuatro años dichas concesiones fueron renovadas por 20 años más.
Las empresas refresqueras no pueden negar los efectos a gran escala que provoca su millonaria actividad comercial en México. La preferencia adictiva y responsabilidad de sus consumidores sobre lo que ingieren, o la venia cómplice de las autoridades con la autorización de permisos, no puede ser excusa para deslindarse de toda responsabilidad.
La gran industria mexicana de bebidas debe ser obligada a cumplir con su responsabilidad social y ambiental, mediante la aplicación mayores impuestos para su contribución directa al mejoramiento de hospitales o regeneración de áreas naturales, a fin de retribuir -al menos un poco- el cuantioso provecho obtenido de su nociva actividad millonaria… así las cosas.
Los calificativos utilizados esta semana por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud en México, Hugo López-Gatell, sobre las bebidas embotelladas y la cínica respuesta de las empresas refresqueras ha puesto nuevamente sobre la palestra pública un tema que sigue sin abordarse de manera frontal, con consecuencias alarmantes sobre la salud pública y el medio ambiente en entidades como Chiapas.
Aunque calificar a las bebidas procesadas como “venenos embotellados”
pareció un exceso respecto a las responsabilidades protocolarias de
Gatell como funcionario público, la verdad es que no dijo mentira
alguna. Para nadie es un secreto que las bebidas embotelladas, con alto
contenido de azúcares, conservadores y demás sustancias químicas, tienen
efectos nocivos para la salud a corto, mediano y largo plazo.En síntesis, sí son “venenos embotellados”, regulados para su consumo sin restricciones y generadores de grandes ganancias económicas, cuyo efecto degenerativo es lento e inobjetable. La mayoría de sus consumidores lo sabemos a la perfección. Consumirlo o no es una decisión estrictamente personal, asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias. Pero ello no exime a las empresas de sus respectivas responsabilidades legales en materia social y ambiental.
Aunque hoy las empresas refresqueras salgan indignadas a asegurar que los calificativos fueron “estigmatizantes” e “inequitativos”, lo cierto es que durante años han contribuido de manera directa al repunte de enfermedades degenerativas y la explotación excesiva de mantos acuíferos en zonas donde no hay agua potable, pero sí se saquean a manos llenas yacimientos acuíferos para luego vender las bebidas procesadas a poblaciones sumidas en adicciones y pobreza.
Hoy las refresqueras saltan indignadas por “calificativos incómodos”, pero han guardado silencio cómplice durante décadas junto a gobiernos que les han permitido enriquecerse, exonerándoles impuestos, a cambio de jugosos sobornos y a costa de las reservas naturales y la salud de miles de mexicanos. Y es que los datos en materia de salud pública y las consecuencias ambientales están a la vista de todas y todos.
De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, con base a estudios aplicados a pueblos indígenas de Chiapas donde el consumo de bebidas embotelladas es el doble que en el resto del país (325 mililitros diarios en promedio), durante las últimas dos décadas el índice de diabetes se ha disparado, convirtiéndose en la tercera causa de muerte, tan sólo por detrás del cáncer y los problemas cardiacos.
Cada año la diabetes mata a entre 80 mil y 100 mil personas en México. Y es que, si bien la ingesta de bebidas procesadas no es el único factor involucrado en el desarrollo o complicaciones de dichas enfermedades (renales, hepáticas o cardiacas), sí ha mostrado una estrecha relación entre los elevados niveles de consumo y el incremento en la incidencia de enfermos o complicaciones a la salud provocadas por ello.
Y a todo lo anterior hay que sumarle el no menos importante impacto ambiental. Actualmente la empresa Femsa Coca-Cola tiene bajo su control la explotación del 49.1 por ciento de los pozos de agua dulce bajo regulación de la Conagua. Tan sólo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa ha sido acusada de provocar un grave daño ambiental y perjuicios contra la población debido a la sobreexplotación de importantes yacimientos y la aplicación de técnicas altamente contaminantes como el “francking”.
Según estimaciones de especialistas, Coca Cola ha saqueado durante los últimos 25 años alrededor de 10 mil millones de litros de agua de San Cristóbal de las Casas, equivalente a llenar 10 veces el Estadio Azteca, mientras muchos de los poblados circunvecinos carecen del vital líquido para consumo humano. Y lo peor del caso es que hace apenas cuatro años dichas concesiones fueron renovadas por 20 años más.
Las empresas refresqueras no pueden negar los efectos a gran escala que provoca su millonaria actividad comercial en México. La preferencia adictiva y responsabilidad de sus consumidores sobre lo que ingieren, o la venia cómplice de las autoridades con la autorización de permisos, no puede ser excusa para deslindarse de toda responsabilidad.
La gran industria mexicana de bebidas debe ser obligada a cumplir con su responsabilidad social y ambiental, mediante la aplicación mayores impuestos para su contribución directa al mejoramiento de hospitales o regeneración de áreas naturales, a fin de retribuir -al menos un poco- el cuantioso provecho obtenido de su nociva actividad millonaria… así las cosas.
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