Cuidado con el socabon de los antorchistas

Fraccionamiento "Minas de San Buenaventura"

lunes, agosto 13, 2012

Terror laboral en el IMSS

Información enviada por Gabriel Avila Diez

El caciquismo sindical de Valdemar Gutiérrez Fragoso –quien desde el 2000 llegó a la dirección nacional del sindicato de trabajadores del IMSS– se refleja en Jalisco, donde la dirigente Clara Gómez Caro se muestra como émulo de Valdemar, según expone Lidia Negrete Salazar, quien encabeza el Movimiento de Resistencia Sindical de los Trabajadores del Seguro Social. Lo paradójico es que ahora Gómez se apresta a ocupar un escaño en la próxima legislatura local, por lo que ha descuidado sus tareas sindicales.

El hostigamiento a los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Jalisco por parte del sindicato es cada vez más generalizado, sobre todo cuando alguno discrepa de las políticas laborales.

Así le pasó a Bertha Márquez Gutiérrez, enfermera de la clínica 46, quien presuntamente desobedeció las órdenes de su jefe inmediato, por lo que le levantaron un acta de averiguación y un citatorio.

El expediente 274/2012 consultado por Proceso Jalisco indica que Márquez Gutiérrez fue citada únicamente para que aceptara su responsabilidad en los hechos que se le imputan, sin darle la oportunidad de presentar a sus testigos.

Según la constancia de hechos, el 4 de junio pasado a las ocho de la mañana las subjefas de enfermería del piso tres de traumatología y ortopedia, Celia Famoso Godínez y Ana María Cabrera Alvarado, reportaron 35 ausencias laborales, por lo que decidieron llamar a Márquez Gutiérrez para que apoyara el área.

Ella se encontraba en el área de tococirugía, donde se practican partos y cesáreas, ubicada en el piso uno y, de acuerdo con el documento, soltó un: “Yo no me muevo del servicio y háganle como quieran, al cabo a mí nadie me hace nada”.

A las 8:30 subió una representación sindical al piso tres y corroboró el ausentismo, por lo que nuevamente se pidió a la enfermera que cumpliera con las indicaciones, agrega el documento. Las denunciantes señalan que la jefa del piso uno, Lidia García Mendoza, les llamó por teléfono para informarles que Bertha Márquez no se movería; comentan incluso que la enfermera abandonó su servicio, por lo que tuvieron que remplazarla.

El reporte detalla que la ausencia de 35 enfermeras ocasionó que 14 pacientes se quedaran sin atención y no se aplicaran antibióticos durante la mañana.

Bertha compareció el 3 de julio en la Oficina de Investigaciones Laborales de la Jefatura de Servicios Jurídicos a las 10 de la mañana para exponer sus motivos.

Sin embargo, en el citatorio se le informó que desacató las órdenes de su jefa inmediato y que le contestó con palabras altisonantes, por lo que infringió las fracciones I, III y IV del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo estipulado en las fracciones I, II, V, VI, XIV y XV del artículo 64 del Reglamento Interior de Trabajo del IMSS.

La inculpada relata que acordó con su compañera María Guadalupe Montoya Altamirano cubrir el horario de siete a 15 horas los días 3 y 4 de junio con cubrir su horario. Fue este último día cuando, dice, los directivos del hospital aprovecharon para imputarle las responsabilidades.

Cuenta que los abogados del despacho le formularon un interrogatorio sesgado, dando por hecho que desobedeció las instrucciones.

“Que diga si es cierto y reconoce que con su actuar ocasionó falta de atención de enfermería a los pacientes del piso tres de traumatología”, dice una de las preguntas que le formularon a Bertha el 3 de julio.

En entrevista, la enfermera menciona que ese día en el que supuestamente le llamaron para asignarla al piso tres, a las 8:25 de la mañana se encontraba en quirófano, atendiendo un embarazo ectópico (que ocurre por fuera de la matriz), el cual es sumamente mortal para la madre. Más tarde acudió a una segunda cirugía sin que nadie le pidiera que se trasladara ni dijo que se moviera de ese piso.

“Ahí estaba presente mi subjefa, María Dolores García Vega, y la jefa de piso, Lidia García Mendoza y nunca me dijeron nada”, señala.

La defensa

El asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección III, Pedro Palomino Martínez, quien lleva la defensa de Márquez Gutiérrez, exigió que se aplicara a su representada la cláusula 55 del Contrato Colectivo de Trabajo, cuyo segundo párrafo establece: “en ningún caso se podrá sustituir la investigación con los reportes o informes hechos en los centros de trabajo”.

El litigante solicitó restar valor probatorio al memorándum interno elaborado por la representación sindical (el 6.46.5/ENF./0191/2012) conformada por Arturo Cadena González y Marco Antonio Padilla Navarro, para consignar la desobediencia. Puesto que ambos admitieron que no habían firmado el documento en el cual se inculpa a Bertha.

Palomino Martínez también exigió citar de manera urgente a las doctoras Rosa Angélica Orendáin Camacho, Aidé Berenice González Espinoza y la cirujano Fabiola Monroy, quienes participaron en el equipo quirúrgico que atendió los partos el 4 de junio. Ninguna de las recomendaciones del defensor fuer atendida.

El 14 de julio a las 20:30 horas Bertha Márquez Gutiérrez se presentó a su trabajo, pero el personal de tococirugía le impidió entrar. Algunos trabajadores avisaron al subdirector médico de turno, Fernando Aguilar Chavoya, quien acudió acompañado de personal de seguridad del hospital y policías municipales de Guadalajara, quienes se llevaron a la enfermera.

Los uniformados no sólo ignoraron la petición del funcionario, también argumentaron que se trataba de un asunto de orden institucional. Desde entonces, Bertha no ha podido ingresar al hospital, donde lleva trabajando 13 años.

Para la líder del Movimiento de Resistencia Sindical de los Trabajadores del Seguro Social (Moresiss), Lidia Negrete Salazar, quien además funge como jefa de piso la clínica 46, detrás de despido de Bertha está la líder sindical Clara Gómez Caro, quien ocupará una banca en la próxima legislatura local.

Negrete sostiene que Gómez Caro es una “copia al carbón de la represión y el desmantelamiento (que se vive) en la institución” a nivel federal:

“Nuestros compañeros están indignados por la forma en que la trataron (a Bertha)”, sobre todo porque a la dirigente no le han entregado pruebas que demuestren que Bertha no puede laborar; además, los representantes sindicales nunca están y ella está más preocupada por ser diputada.

Miguel Ángel van Dick, especialista en medicina del trabajo en la Unidad Médica Familiar 51 considera que los problemas laborales se agudizaron con la designación del poblano Valdemar Gutiérrez Fragoso como dirigente nacional del sindicato del IMSS, quien llegó al liderazgo en 2000 en un proceso democrático.

No obstante, aunque la norma estatutaria indica que su gestión era de cuatro años, Gutiérrez Fragoso organizó un congreso para ampliar su mandato hasta 2006. Luego se reeligió para otro periodo de seis años, lo que causó molestias en el gremio.

En enero de 2010, mediante una toma de nota (expediente 10/2366-45) las autoridades laborales reconocieron a Valdemar Gutiérrez como secretario general del gremio para el periodo del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2018. No obstante hace varios meses el dirigente sufrió un derrame cerebral y sus rivales piden que se convoque a elecciones para elegir al nuevo líder.

Van Dick sostiene que a partir del nombramiento de Gutiérrez Fragoso las condiciones de los empleados del IMSS se han deteriorado, lo que se refleja en el servicio a los derechohabientes.

“Hoy –dice– los trabajadores del Seguro Social están enfermos. En varios estudios se comprueba que un número importante de ellos padece el síndrome de burnout –o síndrome de desgaste ocupacional–, pues están sometidos a una fuerte tensión. Eso les provoca malestar permanente, intolerancia, hipertensión arterial, e incluso diabetes.

“No encontramos una puerta de salida ante la continua incertidumbre en que nos mantienen las autoridades institucionales y la violenta represión de la dirigencia sindical.”

Admite que en otro tiempo el sindicato fue relativamente democrático, y gracias a sus propuestas se evitó una huelga en 2003 y 2004. Pero hoy sólo sirve para mantener a una clase privilegiada que ha secuestrado a la organización y no se preocupa por defender a los empleados.

Por eso, remata Van Dick, quienes levantan la voz son sancionados. Existen casos en los que se les envía su cheque en ceros. “Hay quien está sancionado por 20 o 30 años; hay quien está sancionado de por vida; hay quienes han sido sancionados en sus días laborales y no pueden entrar a su lugar de trabajo por órdenes del sindicato”.

Y advierte: “De continuar las políticas represivas no habrá médico que llegue a la edad de su jubilación”.

No hay comentarios:

El violador perredista Mario Moreno Conrado

El alcade perredista Mario Moreno Conrado viola el Art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como su difusión, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de la ONU el 10.12.1948.
Dónde están los representantes de los Derechos Humanos para defender y hacer respetar el articulo 19 y no permitir la violación de este articulo por este empleado del pueblo, quien se lo pasa por el "arco del triunfo" tal vez por su ignorancia o por estar enfermo de poder o desconocer el significado de la palabra SERVIDOR PÚBLICO, basta con ver el video que esta públicado en esta página titulado "Vehículos del ayuntamiento de Ixtapaluca al servicio del PRD".

Documenta la procuraduría mexiquense nexos de funcionarios con el crimen organizado

Toluca, Méx.- Con base a investigaciones ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, se ha logrado documentar que altos funcionarios y elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ixtapaluca, mantienen nexos con el crimen organizado que opera en las inmediaciones del municipio, reveló una fuente de la dirección general de responsabilidades de la procuraduría mexiquense.Según la fuente confirmó que el entonces director de seguridad publica municipal Carlos Eduardo Álvarez Escalante, que fue contratado por el alcalde perredista Mario Moreno Conrado, se encontraba relacionado con el crimen organizado según la averiguación previa AME/MR/135/07, otro caso, el jefe de turno de la policía municipal Jorge Fernández Vela, quien esta presuntamente involucrado en el robo de vehículos con violencia según la averiguación previa IXTA/II/5851/05.Asimismo, en la indagatoria AME/MR/341/07 se investiga al comandante de la policía municipal Sergio Alcalá Girón, por su presunta relación con bandas dedicadas al robo de autotransporte de carga en la carretera federal México-Puebla. Al igual, el comandante Miguel Ángel Rodríguez Ávila esta siendo procesado por el delito de violación en la averiguación AME/MR/322/07.La fuente de la procuraduría mexiquense asegura que Jorge Acosta Ramírez, quien es funcionario policiaco y concuño del entonces director de seguridad pública esta siendo investigado por su presunta relación con el trafico de estupefacientes según consta en las averiguaciones previas AME/MR/135/07 y AME/MR/273/07.En la mesa de responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia de Amecameca, se tiene documentados la presunta participación de algunos elementos de la policía municipal en actividades ilícitas, los casos de los policías Margarita Rodríguez Pérez, Gisela Santamarina Campos y Miriam Cortéz Ramírez quienes son relacionadas en los delitos que se enumeran en la averiguación previa AME/MR/09/07.A tal grado es la corrupción al interior de la administración del alcalde Mario Moreno Conrado, que la S ubprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República atrajo las averiguaciones previas AME/MR/135/07, AME/MR/341/07, AME/MR/014/07, AME/MR/019/07, AME/MR/134/07, AME/MR/209/07, AME/MR/213/07, AME/MR/230/07, AME/MR/244/07, AME/MR/244/07, AME/MR/273/07, AME/MR/291/07 y AME/MR/322/07 en donde se relacionan a altos funcionarios y elementos de la policía municipal en actividades ilícitas con el crimen organizado...